Maltrato familiar a niñas, niños y adolescentes.

Creciendo sin violencias

La violencia contra niñeces y adolescencias como forma de crianza atraviesa todas las culturas, las condiciones socioeconómicas, los niveles educativos, los ingresos y los orígenes étnicos. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de recibir protección contra la violencia infligida por cualquier persona relacionada con sus vidas, ya sean padres o madres, maestros/as, amigos/as, compañeros/as íntimos o extraños^[1].

Cada 25 de abril se conmemora el día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil, cuyo objetivo es promover los buenos tratos en la crianza y reflexionar sobre los daños ejercidos hacia niñas, niños y adolescentes. Desde el Comité de Pediatría Social convocamos a pediatras a acompañar a las familias activamente, previniendo, detectando y actuando para luchar contra el maltrato de niñeces y adolescencias en nuestro país.

El Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente cualquier tipo de castigo corporal y malos tratos que afecten física o psíquicamente a los niños por parte de quienes ejercen la responsabilidad parental (art. 647); sin embargo, se siguen aceptando socialmente algunas formas de maltrato como el castigo físico leve (chirlo, tirón de orejas) o la agresión verbal (gritos, insultos, humillaciones) como formas de educar, poner límites o inculcar valores.

La Convención sobre los Derechos del Niño^[2], con rango constitucional, establece en su art. 37 que los Estados velarán por que "ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" y, en su art. 19, que los Estados "adoptarán todas las medias legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".  En tanto la Ley Nacional 26.061^[3] de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su art 9 refiere que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”.  Así mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen como meta al 2030 “poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños”.

La violencia no solo perjudica la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes, sino que dificulta su desarrollo, menoscaba su autoestima y obstaculiza las relaciones interpersonales, deteriorando a su vez la confianza hacia las personas que deben cuidarlos.  Puede provocar sentimientos de soledad, abandono, ansiedad y trastorno de la identidad. La violencia física o psicológica no enseña a “portarse bien” sino a evitar el castigo^[4].

La prevención y la detección temprana resultan claves para proteger y restituir los derechos de las niñas y niños víctimas de violencia y reducir las posibles consecuencias físicas y psicológicas que tiene para su desarrollo integral. Por ello, cobra especial relevancia que los servicios de educación y cuidado infantil cuenten con las competencias necesarias para su identificación y dispongan de las herramientas como parte integrante del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes^[5].

Las y los pediatras tenemos la responsabilidad de promover el trato digno y afectuoso, libre de violencias hacia las niñeces y adolescencias y detectar, informar y alertar cuando esto así no ocurriese.

En la Argentina, de 2017 al 2023, las consultas recibidas por el Programa “Las Víctimas Contra Las Violencias” a través de la Línea Nacional 137^[6] fueron 47.403; de estas, el 21% fueron víctimas niñas, niños y adolescentes, a predominio del género femenino (58%) y la diferencia según género se ampliaba a mayor edad de la víctima.  En adolescentes, las víctimas de género femenino duplican a las de género masculino. El 75% de los agresores fueron de género masculino. En el 72% de los casos, era la madre o el padre.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019/2020) que realizó UNICEF Argentina, 6 de cada 10 chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza, el 42% castigo físico (incluyendo formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (gritos, amenazas, humillaciones)^[7].

El maltrato familiar (por ejemplo hacia un miembro de la pareja) afecta a los niñas y niños de rebote.  Las violencias por motivos de género atraviesan a mujeres,  colectivo LGBTI+, niñeces y adolescencias. La Educación Sexual Integral (ESI)^[8] es una herramienta clave para contribuir a deconstruir las normas y los estereotipos de género e incidir en la socialización temprana a su vez que previene la violencia. Es un derecho fundamental para asegurar el acceso a la salud, el respeto a la diversidad y garantizar la igualdad de género y la enseñanza de saberes críticos para el desarrollo apropiado de niñas, niños y adolescentes.

Las violencias por motivos de género tienen gran impacto en múltiples dimensiones de la vida y el sistema de salud tiene un rol fundamental en su detección temprana, en la evaluación del riesgo, en la prevención y la atención integral.  Respecto de las niñeces y adolescencias, son las etapas de mayor vulnerabilidad en el curso de vida que requieren un abordaje singular ^[9].

Además de la línea 137, existe la línea 102 de atención especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Brinda información y puede dar intervención al organismo de protección local ante situaciones de vulneración de derechos. Es de alcance nacional, gratuita y confidencial, y atendida por equipos especializados de cada provincia.

El Comité Nacional de Pediatría Social enfatiza la necesidad del abordaje de todas las problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia en sus aspectos biológicos, emocionales y sociales. Prevenir, detectar oportunamente y atender el maltrato infantil y adolescente como condicionante del proceso salud-enfermedad posibilita que niñas, niños y adolescentes crezcan y se desarrollen en un entorno de afecto y respeto, facilitando su autonomía progresiva y brindándoles una protección especial en toda forma de violencia.

Como profesionales de la salud, integrantes del Sistema de Protección de Derechos, debemos informar y sensibilizar a las familias para que cuenten con las herramientas necesarias (Ver Artículo Para la Comunidad) para lograr una crianza libre de violencias y, a su vez, trabajar en el abordaje intersectorial con los servicios locales de protección de derechos y otros servicios de ayuda disponibles.

Comité Nacional de Pediatría Social.